La corrupción se está convirtiendo en un gran problema, no sólo para los partidos políticos, sino para el conjunto de la sociedad, cuya notoria y perversa presencia en nuestras instituciones públicas, principalmente en las administraciones locales, supone, a mi modo de ver, el problema más grave de entre los que actualmente aquejan a la política española, en tanto que afecta directamente a los pilares mismos del sistema democrático.
Hay personas que se acercan a la política con un in disimulado interés personal, sólo buscan hacer negocio con la política, sin ninguna conciencia social y ningún interés por ninguna causa. De esta lacra, la verdad, no se libra ningún partido político, pero lo que esta ocurriendo en el Partido Popular es lamentable, por lo que significa ser segundo partido a nivel nacional.
El PP se están convirtiendo en un grupo de poder e intereses económicos y, además, muy lejano a las necesidades de los ciudadanos. El PP vivió un auténtico viernes negro cuando mientras en la Asamblea de Madrid las críticas de la oposición llovían sobre el PP por imponer una investigación a su medida sobre la trama de espionaje y presunta corrupción, la Policía registraba varios domicilios y despachos. El juez Baltasar Garzón detenía a cinco presuntos miembros de una red destinada a lograr contratos en administraciones gobernadas por el PP a través de un entramado societario. Y para finalizar, por la tarde, el PP, a una semana del arranque de la campaña electoral gallega, apartó a su cabeza de lista en Ourense, Luis Carrera, por no declarar a Hacienda 240.000 euros que le fueron ingresados en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.
En Madrid, la batalla por el poder y las sospechas sobre las adjudicaciones públicas del vicepresidente de la Comunidad de Madrid han provocado una guerra en el PP donde se lucha a golpe de ‘dossier’. El asunto se agravó cuando, una semana más tarde, se reveló la existencia de un detallado informe de 69 folios sobre el patrimonio y las adjudicaciones sospechosas del vicepresidente, que ha sido manejado en la cúpula del PP.
Si, luego, venimos a Canarias, nos encontramos los casos de corrupción en los que se encuentra implicado el partido el PP, con el agravante de que apuntan a su máximo dirigente en Canarias. Y ya aquí, en Telde, con el caso Faycán no merece la pena hablar más.
Parece que las conexiones entre el poder político y el poder económico son inevitables y solapadas y es cierto que, tal vez, no se haya hecho todo lo que se podía al respecto desde el poder político, pero creo que con la creación de la Fiscalía Anticorrupción por Juan Fernando López Aguilar, se ha dado uno de los pasos más determinantes para acabar con esta lacra y su eficacia se está notando, a pesar de las críticas que ha recibido, sobre todo aquí en Canarias.
Hay personas que se acercan a la política con un in disimulado interés personal, sólo buscan hacer negocio con la política, sin ninguna conciencia social y ningún interés por ninguna causa. De esta lacra, la verdad, no se libra ningún partido político, pero lo que esta ocurriendo en el Partido Popular es lamentable, por lo que significa ser segundo partido a nivel nacional.
El PP se están convirtiendo en un grupo de poder e intereses económicos y, además, muy lejano a las necesidades de los ciudadanos. El PP vivió un auténtico viernes negro cuando mientras en la Asamblea de Madrid las críticas de la oposición llovían sobre el PP por imponer una investigación a su medida sobre la trama de espionaje y presunta corrupción, la Policía registraba varios domicilios y despachos. El juez Baltasar Garzón detenía a cinco presuntos miembros de una red destinada a lograr contratos en administraciones gobernadas por el PP a través de un entramado societario. Y para finalizar, por la tarde, el PP, a una semana del arranque de la campaña electoral gallega, apartó a su cabeza de lista en Ourense, Luis Carrera, por no declarar a Hacienda 240.000 euros que le fueron ingresados en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.
En Madrid, la batalla por el poder y las sospechas sobre las adjudicaciones públicas del vicepresidente de la Comunidad de Madrid han provocado una guerra en el PP donde se lucha a golpe de ‘dossier’. El asunto se agravó cuando, una semana más tarde, se reveló la existencia de un detallado informe de 69 folios sobre el patrimonio y las adjudicaciones sospechosas del vicepresidente, que ha sido manejado en la cúpula del PP.
Si, luego, venimos a Canarias, nos encontramos los casos de corrupción en los que se encuentra implicado el partido el PP, con el agravante de que apuntan a su máximo dirigente en Canarias. Y ya aquí, en Telde, con el caso Faycán no merece la pena hablar más.
Parece que las conexiones entre el poder político y el poder económico son inevitables y solapadas y es cierto que, tal vez, no se haya hecho todo lo que se podía al respecto desde el poder político, pero creo que con la creación de la Fiscalía Anticorrupción por Juan Fernando López Aguilar, se ha dado uno de los pasos más determinantes para acabar con esta lacra y su eficacia se está notando, a pesar de las críticas que ha recibido, sobre todo aquí en Canarias.
