Otra huelga sin sentido

La judicatura española ha acordado ir a la huelga. Esta decisión, que ha generado un importante debate social, ha dividido a la carrera judicial y ha suscitado una gran polémica política, jurídica y entre algunos agentes judiciales. Todo ello, a pesar de que, durante mes de enero, el Gobierno, con el Ministro de Justicia a la cabeza, haya intentado frenar esta iniciativa negociando con el Consejo General del Poder Judicial y debatiendo con las cuatro asociaciones de jueces y magistrados.

Me parece otra huelga injustificada e injustificable, al tiempo que considero sorprendente y decepcionante que las cuatro asociaciones judiciales recurran a ella. El Gobierno ya ha expresado su disposición al diálogo con estas asociaciones y, además, existen unos datos incuestionables sobre la mesa:

1º.- Este es el Gobierno que más plazas de jueces, fiscales y secretarios judiciales ha creado en una sola legislatura. Más de mil.

2º.- Este es el Gobierno que ha duplicado la inversión para innovación tecnológica en el servicio público de la Justicia. La partida de modernización tecnológica supera a la de infraestructuras y equipamiento.

3º.- Este Gobierno sabe que es necesario intensificar las mejoras y las reformas en materia de justicia. Lo sabe y quiere dialogarlo con el Consejo General del Poder Judicial y también con las asociaciones de jueces.

Efectivamente, el ejercicio de la huelga está regulado como un derecho constitucional y para todas las profesiones, pero está en la conciencia de los propios trabajadores y trabajadoras el saber ejercerlo con coherencia. Su utilización de forma abusiva por los poderes públicos y profesionales corporativos, con sueldos muy por encima de la media y en un momento en el que hay una gran parte de la población en paro y pasando dificultades, ha sido muy cuestionada y ha dado lugar al rechazo social.

La gran paradoja de estos días es que estamos nuevamente ante el caso de que unos señores y señoras con un empleo fijo, sin problemas de quedar en paro, con unas retribuciones dignas, utilicen las armas de la clase obrera y proletaria para reivindicar unas condiciones dignas de trabajo.

El PP repleto de corrupción

La corrupción se está convirtiendo en un gran problema, no sólo para los partidos políticos, sino para el conjunto de la sociedad, cuya notoria y perversa presencia en nuestras instituciones públicas, principalmente en las administraciones locales, supone, a mi modo de ver, el problema más grave de entre los que actualmente aquejan a la política española, en tanto que afecta directamente a los pilares mismos del sistema democrático.

Hay personas que se acercan a la política con un in disimulado interés personal, sólo buscan hacer negocio con la política, sin ninguna conciencia social y ningún interés por ninguna causa. De esta lacra, la verdad, no se libra ningún partido político, pero lo que esta ocurriendo en el Partido Popular es lamentable, por lo que significa ser segundo partido a nivel nacional.

El PP se están convirtiendo en un grupo de poder e intereses económicos y, además, muy lejano a las necesidades de los ciudadanos. El PP vivió un auténtico viernes negro cuando mientras en la Asamblea de Madrid las críticas de la oposición llovían sobre el PP por imponer una investigación a su medida sobre la trama de espionaje y presunta corrupción, la Policía registraba varios domicilios y despachos. El juez Baltasar Garzón detenía a cinco presuntos miembros de una red destinada a lograr contratos en administraciones gobernadas por el PP a través de un entramado societario. Y para finalizar, por la tarde, el PP, a una semana del arranque de la campaña electoral gallega, apartó a su cabeza de lista en Ourense, Luis Carrera, por no declarar a Hacienda 240.000 euros que le fueron ingresados en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

En Madrid, la batalla por el poder y las sospechas sobre las adjudicaciones públicas del vicepresidente de la Comunidad de Madrid han provocado una guerra en el PP donde se lucha a golpe de ‘dossier’. El asunto se agravó cuando, una semana más tarde, se reveló la existencia de un detallado informe de 69 folios sobre el patrimonio y las adjudicaciones sospechosas del vicepresidente, que ha sido manejado en la cúpula del PP.

Si, luego, venimos a Canarias, nos encontramos los casos de corrupción en los que se encuentra implicado el partido el PP, con el agravante de que apuntan a su máximo dirigente en Canarias. Y ya aquí, en Telde, con el caso Faycán no merece la pena hablar más.

Parece que las conexiones entre el poder político y el poder económico son inevitables y solapadas y es cierto que, tal vez, no se haya hecho todo lo que se podía al respecto desde el poder político, pero creo que con la creación de la Fiscalía Anticorrupción por Juan Fernando López Aguilar, se ha dado uno de los pasos más determinantes para acabar con esta lacra y su eficacia se está notando, a pesar de las críticas que ha recibido, sobre todo aquí en Canarias.